En el exterior de la cajuela de los más de cinco mil taxis que a diario transitan por las calles de Cartagena se puede ver un aviso en letras grandes que dice: 'Servicio Público'.
Aunque estos vehículos son una opción de transporte de pasajeros por las vías públicas, hasta ahí llega su carácter público. La realidad es que se caracterizan por ser excluyentes por su alto costo para el ciudadano promedio.
El problema mayor de los taxis en Cartagena es su tarifa injustificadamente alta. Una ciudad donde el 48% de la población es pobre no puede ostentar las tarifas de taxis más altas del país. En teoría, los empresarios de taxis no son responsables de fijarla, pues simplemente obedecen el Decreto 150 de 2012, expedido por la Alcaldía.
Entonces, ¿puede el Alcalde rebajar las tarifas? No puede hacerlo, porque está obligado a ceñirse al concepto del Estudio de Costo que anualmente realiza el DATT, y que a su vez sigue al pie de la letra unas inflexibles fórmulas matemáticas fijadas por el Ministerio de Transporte desde 1998 (Resolución 4350).
Si bien los extranjeros que visitan el sector turístico de la ciudad por lo general tienen suficiente poder adquisitivo para pagar taxis o arrendar un auto, el resto de ciudadanos se siente estrangulado entre 'coger fresco' con el costoso servicio climatizado de un taxi, o tomar el 'cálido' servicio de transporte en buses. El Metrocar no cuenta porque su aire acondicionado es indistinguible. Y del Transcaribe utópico, ni hablar. Sin duda, el problema de la movilidad urbana atenta contra la calidad de vida de la amplia mayoría de los cartageneros, que no poseen vehículo propio.
Lo que no queda claro es por qué en otras ciudades –que se rigen por los mismos decretos– la tarifa fijada para la carrera mínima es tan diferente. Por ejemplo, en Medellín es de $4.400, en Pereira, Valledupar y Barrancabermeja, de $4.000, en Bogotá de $3.400 y en Manizales tan sólo es de $3.200.
Es perfectamente válido que las empresas privadas realicen segmentación de mercados y fijen tarifas mayores para un segmento que para otros. Las salas de cine lo hacen los fines de semana, y las aerolíneas y hoteles lo hacen durante la temporada turística. Pero, entonces, ¿por qué los taxis no les cobran menos a, digamos, estudiantes, ancianos o mujeres embarazadas? Otra alternativa es otorgar cupones de descuento en taxis a grupos focalizados de la población. Si se les regalan cupones a los cartageneros que se ponen al día en el predial, por ejemplo, comienza a generarse un círculo virtuoso en la ciudad.
La proliferación del transporte informal en Cartagena es el resultado de la deficiente regulación de la tarifa de taxis. Los locales los usaríamos más con un descuento en la tarifa. Así se desincentivaría el uso de medios irregulares de transporte, como las mototaxis, los colectivos y los camperos piratas. Incluso, si se discriminan los precios, los propios empresarios de taxis podrían beneficiarse del aumento en el número de carreras por día.
El problema mayor de los taxis en Cartagena es su tarifa injustificadamente alta. Una ciudad donde el 48% de la población es pobre no puede ostentar las tarifas de taxis más altas del país. En teoría, los empresarios de taxis no son responsables de fijarla, pues simplemente obedecen el Decreto 150 de 2012, expedido por la Alcaldía.
Entonces, ¿puede el Alcalde rebajar las tarifas? No puede hacerlo, porque está obligado a ceñirse al concepto del Estudio de Costo que anualmente realiza el DATT, y que a su vez sigue al pie de la letra unas inflexibles fórmulas matemáticas fijadas por el Ministerio de Transporte desde 1998 (Resolución 4350).
Si bien los extranjeros que visitan el sector turístico de la ciudad por lo general tienen suficiente poder adquisitivo para pagar taxis o arrendar un auto, el resto de ciudadanos se siente estrangulado entre 'coger fresco' con el costoso servicio climatizado de un taxi, o tomar el 'cálido' servicio de transporte en buses. El Metrocar no cuenta porque su aire acondicionado es indistinguible. Y del Transcaribe utópico, ni hablar. Sin duda, el problema de la movilidad urbana atenta contra la calidad de vida de la amplia mayoría de los cartageneros, que no poseen vehículo propio.
Lo que no queda claro es por qué en otras ciudades –que se rigen por los mismos decretos– la tarifa fijada para la carrera mínima es tan diferente. Por ejemplo, en Medellín es de $4.400, en Pereira, Valledupar y Barrancabermeja, de $4.000, en Bogotá de $3.400 y en Manizales tan sólo es de $3.200.
Es perfectamente válido que las empresas privadas realicen segmentación de mercados y fijen tarifas mayores para un segmento que para otros. Las salas de cine lo hacen los fines de semana, y las aerolíneas y hoteles lo hacen durante la temporada turística. Pero, entonces, ¿por qué los taxis no les cobran menos a, digamos, estudiantes, ancianos o mujeres embarazadas? Otra alternativa es otorgar cupones de descuento en taxis a grupos focalizados de la población. Si se les regalan cupones a los cartageneros que se ponen al día en el predial, por ejemplo, comienza a generarse un círculo virtuoso en la ciudad.
La proliferación del transporte informal en Cartagena es el resultado de la deficiente regulación de la tarifa de taxis. Los locales los usaríamos más con un descuento en la tarifa. Así se desincentivaría el uso de medios irregulares de transporte, como las mototaxis, los colectivos y los camperos piratas. Incluso, si se discriminan los precios, los propios empresarios de taxis podrían beneficiarse del aumento en el número de carreras por día.
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